El director y el jefe de protección de la central nuclear de Ascó han sido destituidos por el escandaloso incidente ocurrido en la central el pasado mes de noviembre. Los responsables de la planta consideraron una fuga radiactiva a la atmósfera como un incidente menor, pero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió la semana pasada que estamos ante uno de los cuatro incidentes más graves de la historia de las nucleares en España.
Destituida la cúpula de Ascó por ocultar la fuga radiactiva
Más radiación fuera de Ascó
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La conducta de la dirección de la central ha sido irresponsable; se permitió incluso la visita de un grupo de alumnos de un colegio en contra de elementales consideraciones de prudencia. El CSN no se anda con rodeos al describir el comportamiento de la dirección y sus engañosos informes: "Inadecuado control del material radiactivo" e "información incompleta y deficiente". La destitución está pues más que justificada; pero la gravedad de los hechos reclama una investigación seria para aclarar si la responsabilidad del incidente debe acabar aquí o, por el contrario, debe alcanzar a otras instancias.
De la investigación de esta fuga nuclear debe deducirse, además de las urgentes aclaraciones técnicas, el grado de conocimiento que tenía la Junta de Administradores de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, la sociedad responsable de la central, de la gravedad del incidente. Si se actuó con negligencia, las autoridades públicas deben exigir más destituciones. Sería lógico que la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, compareciera en el Congreso en cuanto disponga de la información necesaria para explicar esta intolerable ocultación de pruebas.
La clave de las explicaciones políticas ha de centrarse en cómo es posible articular sistemas de seguridad en las nucleares que eviten la ocultación interesada, por cálculo económico o por miedo a las repercusiones políticas, de los incidentes radioactivos. Las sanciones a posteriori están bien y en esta ocasión debería aplicarse una a la medida de su extrema gravedad. Pero la opinión pública miraría con menos aprensión la energía nuclear si se evitaran disparates como el presente: la gravedad de un escape radiactivo se oculta durante meses; sólo sale a la luz por la denuncia insistente de un grupo ecologista; y finalmente se destituye a los responsables directos después de la airada exigencia de dimisiones realizada por 14 ayuntamientos tarraconenses.
En materia tan delicada como la seguridad nuclear, los incidentes deben ser evitados, en la medida de lo posible, más que sancionados. La tecnología nuclear dispone de sofisticados sistemas de seguridad para evitar cualquier daño humano o medioambiental. Cuando se aplica con criterio y prudencia, la generación electronuclear es tan segura como la hidráulica. La salud de los ciudadanos debe estar por encima de la rentabilidad económica. La credibilidad de la energía nuclear -y necesita mucha- sufre de forma innecesaria con comportamientos tan desdichados como el de Ascó.
Destituida la cúpula de Ascó por ocultar la fuga radiactiva
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La conducta de la dirección de la central ha sido irresponsable; se permitió incluso la visita de un grupo de alumnos de un colegio en contra de elementales consideraciones de prudencia. El CSN no se anda con rodeos al describir el comportamiento de la dirección y sus engañosos informes: "Inadecuado control del material radiactivo" e "información incompleta y deficiente". La destitución está pues más que justificada; pero la gravedad de los hechos reclama una investigación seria para aclarar si la responsabilidad del incidente debe acabar aquí o, por el contrario, debe alcanzar a otras instancias.
De la investigación de esta fuga nuclear debe deducirse, además de las urgentes aclaraciones técnicas, el grado de conocimiento que tenía la Junta de Administradores de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, la sociedad responsable de la central, de la gravedad del incidente. Si se actuó con negligencia, las autoridades públicas deben exigir más destituciones. Sería lógico que la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, compareciera en el Congreso en cuanto disponga de la información necesaria para explicar esta intolerable ocultación de pruebas.
La clave de las explicaciones políticas ha de centrarse en cómo es posible articular sistemas de seguridad en las nucleares que eviten la ocultación interesada, por cálculo económico o por miedo a las repercusiones políticas, de los incidentes radioactivos. Las sanciones a posteriori están bien y en esta ocasión debería aplicarse una a la medida de su extrema gravedad. Pero la opinión pública miraría con menos aprensión la energía nuclear si se evitaran disparates como el presente: la gravedad de un escape radiactivo se oculta durante meses; sólo sale a la luz por la denuncia insistente de un grupo ecologista; y finalmente se destituye a los responsables directos después de la airada exigencia de dimisiones realizada por 14 ayuntamientos tarraconenses.
En materia tan delicada como la seguridad nuclear, los incidentes deben ser evitados, en la medida de lo posible, más que sancionados. La tecnología nuclear dispone de sofisticados sistemas de seguridad para evitar cualquier daño humano o medioambiental. Cuando se aplica con criterio y prudencia, la generación electronuclear es tan segura como la hidráulica. La salud de los ciudadanos debe estar por encima de la rentabilidad económica. La credibilidad de la energía nuclear -y necesita mucha- sufre de forma innecesaria con comportamientos tan desdichados como el de Ascó.
(publicado en el pais.com)
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